28/08/2026
EL GRAN DESPOJO QUE AVANZA CON PASOS ACELERADOS: LA LEY 66-65 Y EL ACTA DE DEFUNCIÓN
La iniciativa 66-65 podría convertirse en el acta de defunción de la propiedad privada y comunal en Guatemala.
Bajo el argumento de la urgencia nacional, los defensores de la tierra denuncian que, el Congreso pretende abrir el camino para imponer servidumbres eléctricas sobre terrenos cuyos propietarios no habrían dado su consentimiento.
“Imponen una servidumbre sin indemnización, violentando la propiedad privada y colectiva”, advierte Juan Castro, abogado del Bufete para los Pueblos Indígenas.
La amenaza, sostienen, no distingue entre comunidades indígenas y propietarios particulares. Incluso los finqueros podrían quedar expuestos.
Desde Rabinal, las autoridades ancestrales, representadas por Jorge González, vicealcalde indígena, recuerdan que esas tierras fueron heredadas de sus abuelos y reclaman al Congreso archivar la iniciativa.
PERO EL CONFLICTO NO TERMINA EN UNA TORRE ELÉCTRICA.
Laura Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, denuncia un modelo energético diseñado para favorecer a corporaciones transnacionales y vinculado, según sostiene, a la expansión de la minería, la agroindustria y los puertos.
TRECSA, filial del Grupo Energía de Bogotá, (empresa colombiana) demanda a Guatemala ante el CIADI por 403 millones de dólares, alegando trabas municipales a su proyecto y señalando que, supuestamente, el Estado de Guatemala no ha logrado garantizar la inversión privada en el país.
Rojas documenta 14 años de irregularidades: ausencia de consulta a 359 comunidades, fuentes de agua secadas y una reciente incursión en tierras comunales como el caso de El Pilar, en San Juan Sacatepéquez, que actualmente está supuestamente resguardada por la policía.
La dirigente advierte que el proyecto original contempla unos 850 kilómetros de tendido, mientras los nuevos planes energéticos aprobados por el Gobierno de Bernardo Arévalo multiplican la escala. Ella habla de casi 7 mil kilómetros; el Gobierno proyecta oficialmente 5,687 kilómetros de nuevas líneas de transmisión hacia 2050.
MÁS INFRAESTRUCTURA, MÁS PRESIÓN SOBRE BOSQUES, AGUA Y TERRITORIOS.
Las comunidades han presentado recursos legales y exigen a la Corte de Constitucionalidad preservar la jurisprudencia de 2017 vinculada al conflicto con TRECSA.
Miguel Ángel Manuel Alvarado, alcalde indígena de Rabinal, advierte que defenderán sus tierras “a capa y espada”.
Las autoridades ancestrales Jorge González y Miguel Ángel Manuel Alvarado han entregado un documento al Congreso exigiendo el archivo de la iniciativa, impulsada por bancadas de Cabal, la UNE y Valor. Advierten que defenderán las tierras heredadas de generaciones ancestrales.
Autoridades indígenas de los pueblos K’iche’, Kaqchikel e Ixil ya presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la tercera lectura. El desenlace se juega ahora entre el Congreso y los tribunales, mientras las comunidades insisten en que la tierra heredada de sus abuelos no puede convertirse en el corredor de las industrias extractivas.
